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La reforma de los servicios públicos consiste en cambiar fundamentalmente la forma en que los residentes reciben los servicios. Significa apoyar a más personas para que sean independientes y autosuficientes, reduciendo la dependencia de los servicios públicos. Implica trabajar más estrechamente con nuestros socios para que los servicios satisfagan todas las necesidades de las personas y no se presten de forma aislada. Esto significa que el Consejo y nuestros socios reúnen nuestros recursos combinados para apoyar las prioridades compartidas. La reforma también implica un mayor énfasis en la evaluación de lo que hacemos y en la generación de buenas pruebas, para hacer un seguimiento del impacto que nuestras inversiones tienen en los residentes y en los niveles de demanda de los servicios públicos.
¿Qué es la nueva gestión pública?
La administración pública es la columna vertebral del Estado y puede apoyar o socavar todo el sistema de gobierno de un país. Los donantes reconocen este importante hecho y a menudo han intentado promover la reforma de la administración pública en los países a los que prestan ayuda. Sin embargo, el éxito de estos intentos ha sido muy limitado. En el documento de trabajo de WIDER “Civil Service Reform: A Review”, Sarah Repucci se basa en la investigación existente para esbozar una serie de principios que permitirán a los donantes, gobiernos y defensores diseñar programas de reforma más eficaces, y analiza cómo pueden superarse los obstáculos más comunes para una reforma efectiva.
En la primera parte de este resumen, esbozamos los ocho principios clave para una reforma eficaz de la función pública, que se basan en los cinco principios de la Declaración de París, la apropiación local por parte del país, la alineación de los donantes con los objetivos locales, la armonización de los procesos de los donantes, la concentración en los resultados y la responsabilidad mutua entre donantes y receptores de la ayuda, analizados por Repucci en su documento. Estos principios son:
Cómo mejorar la administración pública
La reforma de la administración pública es una acción deliberada para mejorar la eficiencia, la eficacia, la profesionalidad, la representatividad y el carácter democrático de una administración pública, con vistas a promover una mejor prestación de bienes y servicios públicos, con una mayor responsabilidad. Dichas acciones pueden incluir la recopilación y el análisis de datos, la reestructuración organizativa, la mejora de la gestión de los recursos humanos y la formación, la mejora de las retribuciones y las prestaciones, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad en el marco de las restricciones fiscales generales, y el refuerzo de las medidas de gestión del rendimiento, la participación pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción[1].
La bibliografía académica sobre la reforma de la función pública ha aportado argumentos y contraargumentos que aclaran cómo afectan los distintos enfoques de la reforma al rendimiento general de la función pública. La creciente disponibilidad de datos empíricos permite comprobar la eficacia de reformas específicas en un contexto determinado. Si bien el diseño de reformas eficaces de la administración pública es una tarea tremendamente compleja, teniendo en cuenta que la combinación adecuada de control de la corrupción y mejora del rendimiento puede variar enormemente de un país a otro y dentro de un mismo país, la investigación empírica y cualitativa puede contribuir al conjunto de conocimientos basados en pruebas sobre las reformas de la administración pública en los países en desarrollo.
Gestión de la administración pública
es más probable que tenga éxito en los casos en que las autoridades de nivel inferior tienen la capacidad financiera y de gestión para establecer paquetes de compensación y niveles salariales competitivos que atraigan al talento local. En estos casos, las ventajas de flexibilidad de permitir a los gobiernos locales fijar los niveles de contratación podrían compensar el riesgo de aumentar las desigualdades interregionales. Cuando el talento y las competencias faltan a nivel local, podría preferirse un sistema de contratación unitario para garantizar que las competencias necesarias estén presentes a nivel local en todas las regiones. En estos casos en los que el centro conserva un mayor control sobre los recursos humanos, hay que tener cuidado para garantizar que no se limitan las opciones de gestión de los interesados locales.